jueves, 10 de agosto de 2017

Femicidio & Feminicidio, un tema de Derechos Humanos



Femicidio  & Feminicidio, un tema de Derechos Humanos

Autor: Mayra Alejandra Lana Cisneros


Introducción:
Los crímenes en contra de las mujeres y niñas, responden a factores estructurales,  insertos en una sociedad y mentalidad machista y patriarcal. No es preciso asociar este tipo de delitos a la delincuencia común pues los factores y motivaciones que derivan en ellos, son distintos.
Desde este punto de partida es preciso definir al patriarcado como un sistema de relaciones sociales sexo–políticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero, instaurado por los varones, quienes como grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres, también en forma individual y colectiva, se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y

sus productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia. [1]           Existen varias características además, que personifican al patriarcado, podemos mencionar: la opresión, la sumisión de la mujer, la asignación de roles exclusivamente para el género femenino y por supuesto la construcción histórica que gira a su alrededor y se torna inquebrantable.
De lo transcrito, la violencia surge ante la  aparente “desobediencia” de las mujeres ante el sistema, se justifica y expresa de distintas formas  y su manifestación más cruenta es el femicidio.
En  Ecuador se registran hasta julio del presente año, más de un centenar femicidios que dan cuentas de la falta de preocupación del Estado por estos crímenes que concurren  por cuestiones  de género y misoginia. Un Estado que parece haber clausurado sus temas de discusión en torno a la violencia de género y el femicidio a partir de la ya conocida tipificación en el Código integral penal (COIP) del tipo penal denominado femicidio, tipificación bastante incipiente además  y que ha dado por sentado que la misma tipificación  cumplió con las exigencias de mujeres, supervivientes y organizaciones sociales que defienden los derechos de las mujeres.
Pero es necesario caminar mucho más allá. El femicidio que establece el COIP, es un problema más profundo, de Estado, de Derechos humanos. El femicidio constituye una forma de barbarie en donde  los factores sociales y estructurales que giran en torno a este tipo de  violencia, han sido totalmente descuidados en nuestro país, vulnerando derechos fundamentales básicos como el derecho a una vida libre de violencia y contraviniendo principios como el de igualdad y no discriminación normados en los instrumentos internacionales.
En el sentido más amplio se entiende como violencia contra la mujer …Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado…” [2] de lo transcrito, la muerte de mujeres y niñas es la forma quizá más cruel de violencia, totalmente disimulada por el Estado Ecuatoriano y sus partícipes.
En el presente texto se abordará en primer lugar la diferencia conceptual  entre femicidio y feminicidio. Así mismo y  desde un enfoque de derechos humanos se explicará  brevemente la importancia del reconocimiento del término feminicidio en Ecuador que desde el punto de vista práctico se inserta como una figura que  aborda factores más extensos en torno a los delitos que se cometen en contra de las mujeres e implica  la responsabilidad del Estado y es un tema de derechos humanos eminentemente,  que va mucho más allá de la mera judicialización o tipo penal.
Se mencionará brevemente el rol de los movimientos de mujeres para visibilizar la violencia de género y lograr el reconocimiento de derechos y la despreocupación del Estado de encaminar este delito como un problema de Estado, de Derechos Humanos.

Desde el abordaje conceptual, el femicidio  o femicide se traduce como una voz homóloga a homicidio y sólo significa el  homicidio de  mujeres [3] término que fue acuñado para diferenciar los asesinatos que corresponden a la delincuencia común,  a los que surgen como producto de la violencia de género contra las mujeres y las niñas.
En Ecuador, hacia Agosto del 2014, con las reformas al Código Orgánico Integral Penal se definió y tipificó al femicidio en el artículo 141 de la siguiente manera:

“la persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de la libertad de veintidós a veintiséis años.”

De las dos conceptualizaciones abordadas, tácitamente se puede desprender,  que en ellas no se menciona la responsabilidad del Estado frente a esta manifestación de violencia, tampoco se mencionan los factores estructurales que originan el cometimiento de los crímenes en contra de las mujeres, el femicidio se configura en nuestro país, sencillamente como  un tipo penal en el que no se explican causas, motivaciones, factores históricos, estructurales, no se establecen  responsables directos e indirectos, entre otros/as.[4] Colegimos que el término femicidio adoptado en la legislación Ecuatoriana es genérico, debe ser desarrollado. Su  tipificación deja mucha tela que cortar y no se adapta a la realidad social, cultural e histórica.
Entonces, surge la necesidad de conceptualizar el femicidio como feminicidio,  este último término ya  con un abordaje amplio, integral y completo que conjuga diversos factores como: la responsabilidad del Estado, la estructura del sistema, las motivaciones que lo producen y sobretodo el desafío de poner en discusión en lo político que los crímenes perpetrados por razón de género hacía las mujeres son un tema  eminentemente de derechos humanos. Desde este punto de partida es necesario conceptualizar al feminicidio como:

 “ el conjunto de  violaciones a los derechos humanos de las  mujeres  que  contienen  los  crímenes  y  las  desapariciones  de  mujeres  y  que,  estos  fuesen  identificados  como  crímenes  de  lesa humanidad que sucede  cuando  las condiciones   históricas   generan   prácticas   sociales   que   permiten atentados  violentos    contra  la  integridad,  la  salud,  las  libertades  y  la vida de  niñas y mujeres.”[5]

Otro concepto bastante amplio sobre feminicidio es el que lo define como el extremo de un continuum de terror anti-femenino que incluye una  amplia variedad de abusos verbales y físicos, tales como: violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente por prostitución), abuso sexual infantil incestuoso o extra-familiar, golpizas físicas y emocionales, acoso sexual (por teléfono, en las calles, en la oficina, y en el aula), mutilación y otras/os, siempre que estas formas de terrorismo resultan en muerte.[6]
De lo transcrito, en el feminicidio concurren escenarios  como:  Las relaciones  de  pareja,  el  ámbito  familiar,  el  ataque  sexual  y  el  comercio  sexual[7], factores que han estado presentes en todas las sociedades y en la sociedad ecuatoriana no han sido una excepción, a estos escenarios se suma además, el papel de los medios de comunicación que constantemente oculta y tergiversa estos crímenes, promoviéndolos como casos aislados o motivados por celos. Así escuchamos a diario “Delitos pasionales” jamás los percibimos de modo integral,  no se explican los factores estructurales y el odio hacia las mujeres que generaron el cometimiento del delito,  que  obedecen  a condiciones de discriminación y subordinación de género arraigadas en nuestra sociedad.    
Posteriormente es necesario abordar, la apatía por parte de los actores de la sociedad  que niega y asila esta problemática. El papel de las mujeres que  normalizan y aceptan  las prácticas propias del patriarcado y se convierten en actores claves para el silencio, el aislamiento.
Además: la justicia es lenta, ineficaz e indolente,  no recepta denuncias a tiempo y las diligencias judiciales se prolongan de tal forma que exponen aún más a la víctima y su entorno. Cuando las agresiones o manifestaciones de violencia en contra la mujer se insertan en el sistema judicial es conveniente recordar que el papel de la  administración  de  justicia  no  debiera  ser  sólo  punitivo,  y  que  el  derecho  a  la  justicia pasa también por aclarar y sentar responsabilidades sobre los delitos cometidos.[8]
En lo que respecta al papel del Estado y del  gobierno, es evidente la omisión en cuanto a políticas de avanzada que tiendan a derribar las antes mencionadas estructuras y los estereotipos que giran en torno al machismo, pues es notoria la forma en la  que el patriarcado está institucionalizado en todas las esferas de poder  y se propaga  a las acciones cotidianas, el uso del lenguaje, el manejo de la información y la asignación de roles.
Frente a estas limitaciones, la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres a lo largo de la historia ecuatoriana se ha visto bastante reducida, podemos manifestar que esta lucha aún se caracteriza hacia el siglo XXI como maternal, incipiente y tal como lo mencionaba Handelsman, el movimiento feminista ecuatoriano no ansiaba mejores oportunidades para abandonar roles tradicionales sino para ejercerlos de la mejor manera[9] adaptándose indirectamente al pensamiento fálico y androcentrista que ha construido nuestra historia , sin lograr un cambio estructural que permita establecer posiciones claras en torno de la violencia en contra de las mujeres y que transgreda límites.
Las feministas son consideradas por el común denominador de la población como mujeres “extremistas”, se asocia la lucha feminista como una exageración, descontextualizada de la realidad y hasta ridícula. De lo dicho el movimiento feminista debería encaminar su accionar en:

… construir  una  propuesta  colectiva  y  política  que  respete tanto las  diferencias  y  diversidades  de  las  organizaciones  de  mujeres  en  relación  a  la  autonomía,  a sus  espacios y  participación  en  organizaciones  mixtas  y  solo  de  mujeres,  a  su  identificación o no  como feministas (en  la práctica las  organizaciones  de  mujeres  y  estas  en  sus  espacios  han ido  planteando  la  opresión  sexual  y  la  lucha  contra  la  violencia de  género  como  parte  de  su quehacer  político). Aquí los movimientos sociales entran en el quehacer del Estado…[10]

El hecho de  que lo personal se transforme en político,  implica que  las  discriminaciones y violencia que sufren las mujeres no sean consideradas como un problema personal y de “intimidad familiar” sino que trasciendan a todas las esferas del poder, que las agresiones en contra de las mujeres sean abordadas como un  delito de Estado,  en donde  el silencio social, la desatención, la idea  de  que  hay  problemas  más  urgentes,  la  vergüenza    y  el  enojo  que  no  conminan  a  transformar  las  cosas  sino    a    disminuir  el  hecho de que las muertas “no son muchas” sean desterradas.[11]
De lo establecido en el presente trabajo, se evidencia la importancia de que el  femicidio en el Estado Ecuatoriano se re conceptualice y deje de considerarse como un mero tipo penal sino que tenga un abordaje integral y sea visibilizado como un problema de derechos humanos. Asociando la responsabilidad del Estado y el  reconocimiento del mismo en el incremento desenfrenado de las muertes de las mujeres.
Es responsabilidad del Estado diseñar medidas integrales que partan desde políticas públicas en todos los ámbitos sobretodo en el de la educación, en el que se implementen programas encaminados a erradicar las prácticas que giran alrededor del patriarcado y se normalizan en la sociedad.
De igual forma, constituye un desafío para la aplicación  los derechos humanos de nuestro país analizar estos casos de extrema violencia contra las mujeres como una manifestación no aislada,  sino como un tema social que requiere activar distintas instancias del Estado y del poder para reducir las estadísticas actuales.
El reconocimiento del tipo fenal de femicidio en el COIP , constituyó un paso casi obligado por parte del legislativo frente a las múltiples recomendaciones que han surgido en torno a la problemática que aborda la violencia en contra de la mujer, sin embargo es bastante limitado,  pues con el mero hecho de tener un tipo penal establecido no podemos garantizar que se reduzcan este tipo de delitos ya que vivimos en una sociedad en donde las prácticas misóginas y machistas son plenamente aceptadas, normalizadas e incluso adaptadas por parte de los Gobernantes, las mujeres estamos aún relegadas en el erario de la vida social y política y somos constantemente ridiculizadas por exigir la equiparación de derechos y oportunidades y demandar transparencia así como eficacia en los casos en que la violencia se traduce en la muerte, la sociedad está acostumbrada a ver noticias relacionadas a  femicidios, los sigue llamando caso aislados, las mujeres son re victimizadas aún después de muertas y se las culpa por la violencia que se ejerce en contra de ellas, bajo cualquier justificativo, calificativo y discrimen. Todas las mujeres a lo largo de nuestras vidas sufrimos algún tipo de violencia, en diversos niveles, la subordinación política de género que nos abarca debe ser explicada y resuelta desde la responsabilidad del Estado e inserta en el feminicidio. Es necesario el reconocimiento del Estado de que la vida de las mujeres está en constante riesgo y que la  violencia  feminicida  florece  bajo  la  hegemonía  de  una  cultura patriarcal que legitima el despotismo, el autoritarismo y el trato cruel, sexista, machista, misógino, homófobo y lesbófobo alimentado por múltiples formas de discriminación[12] y que estas manifestaciones son alimentadas por la estructura misma del Estado que guarda complicidad con agresores, funcionarios, el sistema judicial, los estándares educativos, la estructura familiar y todos los imaginarios en los que se desarrolla una sociedad.
El femicidio es sólo un tipo penal, el feminicidio convierte a las muertes de las mujeres que derriban de una estructura patriarcal, misógina y machista en un problema de derechos humanos, en una forma de exterminio en contra de uno de los grupos más vulnerables de la sociedad por las condiciones de desigualdad en la que nos desarrollamos.










[1] Marta Fontela, “Diccionario de estudios de Género y Feminismos", Editorial Biblos 2008.Pág. 2
[2] Convención  Interamericana  para  prevenir, sancionar  y  erradicar  la  violencia  contra  la  Mujer Organización  de  Estados  Americanos  (OEA).  1995.  .  Convención  Belem  do  Pará.  Washington: OEA.
[Versión   Electrónica].   Recuperado   de:   http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
[3] Marcela Lagarde y De Los Ríos, “Antropología, Feminismo y Política: Violencia Femicida y Derechos Humanos de Las Mujeres”, Universidad Autónoma de México(UNAM), México, pág. 217
[4] Susana Gamba, “Feminismo: historia y corrientes”, Mujeres en Red. El periódico feminista, pág. 1
[5] Marcela Lagarde y De Los Ríos, “Antropología, Feminismo y Política: Violencia Femicida y Derechos Humanos de Las Mujeres”, Universidad Autónoma de México(UNAM), México, pág. 216.
[6] Radford, Jill; y Russell, Diana E. H. (eds.), “Femicide: The Politics of Woman Killing”, Nueva York, Twayne, 1992.
[7] Ana Carcedo, “Femicidio en el Ecuador”, Comisión de Transición Hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, Ecuador, 2010, pág.22.
[8] Ana Carcedo, “Femicidio en el Ecuador”, Comisión de Transición Hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, Ecuador, 2010, pág.60.
[9] Ana María Goestchel (comp.) 2006. Orígenes del feminismo en el Ecuador. Antología. Quito: CONAMU / FLACSO Ecuador / Secretaría de Desarrollo y Quidad de la Alcaldía de Quito / UNIFEM, “Estudio introductorio”, pág.25
[10] Santillana Alejandra, “Apuntes desde el feminismo popular en Ecuador: perspectivas, debates y tensiones”, Montevidéo, 2013.
[11] Marcela Lagarde y De Los Ríos, “Antropología, Feminismo y Política: Violencia Femicida y Derechos Humanos de Las Mujeres”, Universidad Autónoma de México(UNAM), México, pág.217
[12] Marcela Lagarde y De Los Ríos, “Antropología, Feminismo y Política: Violencia Femicida y Derechos Humanos de Las Mujeres”, Universidad Autónoma de México(UNAM), México, pág. 234